Reunión del G20: La buena y la mala evasión fiscal

Jean-Claude Paye
Rebelión

El G20 presentó un programa de 1.100.000 millones de dólares destinado a apoyar el crédito. Sin embargo, no se anunció ningún plan de relanzamiento global. El objetivo no es provocar un relanzamiento de la máquina económica por medio de un aumento de la demanda de los hogares, sino promover una redistribución de ingresos, principalmente hacia el sector bancario. Este proceso se acompaña de una jerarquización cada vez mayor del sistema financiero internacional. Lo esencial se ha centrado en «la lucha contra los paraísos fiscales». La acción se basa en tres listas que acaba de establecer la OCDE. La primera, la lista negra, sólo comprende cuatro Estados, como Costa Rica y Uruguay, países que no tienen ninguna relación de fuerza a nivel internacional. La segunda, la lista gris, incluye a los países «que tiene que hacer esfuerzos en materia de cooperación fiscal» y comprende a Suiza y Luxemburgo. La tercera, la lista blanca, la de los países cooperativos, comprende a Reino Unido y a cuatro de sus «territorios dependientes»: Jersey, Guernesey, la isla de Man y las Islas Vírgenes. Evidentemente, Estados Unidos pertenece a esta última y ello sin nota alguna referente a las prácticas opacas de Estados como Delaware o Wyoming.

La ofensiva se ha centrado en el secreto bancario presentado como el medio privilegiado para la evasión fiscal. Sin embargo, actualmente la mitad del mercado offshore se concentra en los trusts, unas creaciones jurídicas anglosajonas que no necesitan el secreto bancario para poder ponerse al abrigo del fisco. Ya no se trata de un mercado de la discreción bancaria, sino del de las técnicas jurídicas en ingeniería fiscal.

El trust es un vehículo de derecho anglosajón que permite a una persona adinerada despojarse de su fortuna para no aparecer como el propietario a ojos del fisco. Si es «discrecional e irrevocable», el banco que abre la cuenta no puede exigir la identidad del beneficiario. Una persona que ha constituido este trust en el extranjero no es gravada en absoluto porque ya no es considerada propietaria de sus bienes. Por lo que se refiere al beneficiario del trust, que en principio es imponible, no se exige su identidad cuando se abre la cuenta.

Las islas de Jersey y Guernesey, ambas territorio británico, son unas jurisdicciones especializadas en la constitución de trusts. También es el caso de Delaware y las islas del Caribe, que sirven de refugio al dinero «gris» procedente de Estados Unidos, al igual que Miami, que acoge en Estados Unidos a los capitales americanos que quieren escapar al fisco de sus países de origen. Singapur cumple la misma función tratando las fortunas asiáticas o europeas.

Los bancos anglosajones sólo conservan información sobre el contratante, el «trustee», la sociedad de gestión y de administración del trust, lo que en la práctica les permite obtener una opacidad total de la persona quiere escapar del fisco. Así llegan a una confidencialidad aún mayor sin secreto bancario en el sentido formal del término.

El objetivo principal de este G20 es Suiza, uno de los principales centros financieros mundiales. De hecho, se trata de una reorganización del sistema financiero internacional a su costa.

Estados Unidos y sus satélites de las islas del Caribe, así como los centros offshore bajo pabellón británico controlan cada uno de ellos un mercado del «dinero gris» casi igual al de Suiza. Tras la ofensiva estadounidense Suiza, que todavía detenta el 27% del mercado mundial del ahorro mundial administrado fuera del lugar de residencia, podría perder rápidamente terreno a manos de sus principales competidores: Reino Unido y sus islas anglonormandas, la isla de Man y Dublín que tratan el 24% de estos capitales, así como Nueva York, Miami, las islas del Caribe y Panama que detentan el 19% de los 7.300.000 millones de dólares situados fuera de las fronteras. La mitad de esta cantidad no se declararía.

Tras la amenaza de inscribir a Suiza en la lista de los paraísos fiscales de la OCDE, este país ha abierto una brecha en su secreto bancario. Va a consentir al intercambio de información, pero caso por caso en respuesta a peticiones concretas y fundadas de las administraciones fiscales de terceros países. Luxemburgo y Austria, los dos últimos miembros de la Unión Europea que desean conservar su secreto bancario, han hecho lo mismo. Sin embargo, nunca se ha planteado incluir en esta lista a Estados de Estados Unidos, como Delaware cuyas LLC (Limited Liabilities Compagnies, Compañías de Pasivos Limitados) están libres de toda forma de imposición.

Situada en el contexto de la crisis financiera, esta operación bajo la hegemonía estadounidense «de lucha contra el fraude fiscal» parece un intento por parte de los Estados de recuperar unos capitales destinados a financiar en parte las ayudas consentidas a los bancos y aseguradoras. Sin embargo, no se llama a todos los defraudadores del fisco a aportar su contribución, ya que los más acomodados siempre tendrán la posibilidad de apelar a la ingeniería fiscal para escapar a los impuestos. Esta operación de sustracción fiscal se les facilitará aún más si sitúan sus capitales en centros offshore estadounidenses o anglosajones, en territorios situados bajo el control directo de la potencia dominante.

El sociólogo belga Jean-Claude Paye es autor de El final del Estado de derecho. Editorial Hiru, Hondarribi, 2008