Todas las encuestas señalan que la abstención en las próximas elecciones europeas va a ser muy elevada. Tal abstención, por cierto, no es una novedad. En realidad, ha ido aumentando en los últimos años, y precede a la crisis económica y financiera actual. Las causas de esta elevada abstención son fáciles de ver. Para ello se tiene que entender qué está pasando en la Unión Europea. Veamos:
1. El desempleo en el promedio de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) ha ido aumentando desde la década de los ochenta. Europa, que históricamente (1960-1980) se había caracterizado por tener un desempleo más bajo que EEUU, pasó a tenerlo más alto a partir de los ochenta.
2. Las condiciones de trabajo de la población activa se han ido deteriorando en la mayoría de países de la UE-15. El porcentaje de la población que dice trabajar en condiciones estresantes pasó a ser (en el promedio de los países de la UE-15) del 32% de la población trabajadora en el año 1991 al 44% en el año 2005.
3. La tasa de crecimiento anual del gasto público en transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar (como pensiones, sanidad, servicios de ayuda a las familias, vivienda, y otros componentes de la protección social), utilizados predominantemente por las clases populares, ha ido descendiendo en el promedio de los países de la UE-15, pasando del 6,2% en 1990 al 4,8% en 2004. La tasa de crecimiento de las necesidades sociales, sin embargo, ha ido
aumentando.
4. La cobertura e intensidad de los beneficios laborales (en caso de enfermedad, discapacidad o desempleo) ha disminuido en la mayoría de países de la UE-15. Esta disminución ha sido, en general, más acentuada en los países gobernados por partidos liberales y conservadores que en aquellos gobernados por partidos socialdemócratas. Pero, en todos ellos, tales derechos sociales han disminuido.
5. Las rentas del trabajo (lo que se llama masa salarial, que depende del nivel de salarios y del número de asalariados), como porcentaje de la renta nacional, han descendido en el promedio de los países de la UE-15 (y ello a pesar de que el número de asalariados ha aumentado), pasando de representar un 68% de las rentas nacionales en 1975 a un 58% en el año 2005.
Tales hechos son indicadores del deterioro de la situación social y laboral de las clases trabajadoras y otros componentes de las clases populares en la UE-15, lo cual ha estado ocurriendo a la vez que las rentas del capital han crecido de una manera exuberante. Los beneficios empresariales han crecido (en el periodo 1999-2006) un 33% en el promedio de los países de la UE-15 y un 36,6% en los países de la zona euro, mientras que los costes laborales han aumentado sólo un 18%. Consecuencia de esta situación es que las desigualdades sociales han crecido enormemente, alcanzando cuotas sin precedentes. A los ricos nunca les había ido tan bien, y ello a costa del bienestar de todos los demás, es decir, las clases medias y las clases trabajadoras que vieron sus estándares de vida disminuidos. Y las encuestas muestran que la población europea es consciente de ello. El 78% de la población en la UE-15 dice que las desigualdades sociales en su país son excesivas. Nunca se había visto un porcentaje tan elevado de desaprobación de las desigualdades sociales en la mayoría de países de la UE-15.
Esta polarización social de rentas ha sido facilitada por las políticas públicas promovidas por el consenso de Bruselas (que es la versión europea del consenso liberal de Washington), llevadas a cabo por las instituciones europeas, tales como la Comisión Europea (encargada de vigilar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, que ha sido responsable de la austeridad del gasto público) y el Banco Central Europeo (cuyas políticas monetarias han beneficiado enormemente al capital financiero a costa del estímulo económico y la producción de empleo). Y la población es consciente de ello. Tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo están entre las instituciones europeas menos valoradas. El establishment europeo (el conjunto de instituciones que lideran la Unión Europea) ha estado promoviendo políticas liberales, que incluyen desde la desregulación de los mercados laborales y financieros a la reducción del gasto público y de los impuestos. De ahí la decepción, cuando no enfado, de las clases populares hacia la Europa que se está construyendo y que afecta más a los partidos de centroizquierda que a los partidos de centroderecha y derecha, puesto que los grupos sociales más afectados negativamente por estas políticas liberales han sido las bases electorales, históricamente más fieles a los partidos de centroizquierda, tales como las clases trabajadoras.
La identificación de los partidos de centroizquierda gobernantes con las políticas liberales ha sido la causa de su enorme crisis. No hay que olvidar que la mayoría de gobiernos europeos habían sido de centroizquierda. La decepción creada por su liberalismo ha sido la causa de que sus bases electorales se hayan desplazado a partidos más radicales (de izquierda y de derecha), aun cuando la mayoría se ha ido absteniendo, quedándose en casa. Tales partidos de centroizquierda tendrán que hacer una autocrítica muy fuerte, abandonando el socioliberalismo si quieren recuperar el voto perdido.
En cuanto a las derechas, su éxito se debe a la lealtad de sus bases electorales, constituidas por los grupos de renta superior, beneficiados por las políticas liberales, y la de aquellos sectores de las clases populares atraídos por el mensaje nacionalista y anti inmigrante, consecuencia de su gran inseguridad. No es racista el más ignorante sino el más inseguro, y hay mucha inseguridad en la UE. Por otra parte, son estas mismas derechas (como el Partido Popular Europeo, al cual pertenece el PP español) las que trasladan a la Unión Europea (que tiene un enorme déficit democrático) aquellas medidas impopulares, como son el retraso de la edad de jubilación, que bien saben no podrían aprobar en sus parlamentos.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía
de la Universidad de Barcelona.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1294/¿que-pasa-en-la-union-europea/
divendres, 22 de maig del 2009
dimarts, 19 de maig del 2009
La avalancha liberal en contra de las pensiones
http://vnavarro.org
Publicado en la revista SISTEMA DIGITAL, el 10 de Mayo de 2009
Este artículo señala los graves errores metodológicos de los informes de la Comisión Europea y del Banco de España, que han sido utilizados por el Comisario Europeo, Joaquín Almunia, y por el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, así como por el Partido Popular Europeo para apoyar sus propuestas de reducción de las pensiones en España.
La avalancha liberal en contra de las pensiones
Como era previsible, las voces conservadoras y liberales (desde el Partido Popular Europeo, del cual el PP español forma parte, al Sr. Almunia, Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, y el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España) han propuesto, una vez más, la reducción de las pensiones en España para garantizar su solvencia. Y los medios de información y persuasión del país han promovido tal mensaje, haciendo suyas tales propuestas. Así, El País, en su editorial del 23 de Abril de 2009 titulado “Pensiones en Conflicto”, apoyaba las propuestas del Gobernador del Banco de España escribiendo “Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Y editoriales semejantes se han escrito en La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, ABC, y en la gran mayoría de rotativos del país. La única diferencia es el énfasis que se da a cada una de estas recomendaciones, en la intensidad del apoyo al gobernador del Banco de España (y crítica, no carente de insultos, al Ministro Corbacho del gobierno español que ha cuestionado tanto el diagnóstico de inviabilidad de las pensiones como las recomendaciones hechas por el Gobernador) y a las propuestas parecidas del Sr. Almunia, y en la rapidez con que se pronostica el colapso del sistema de Seguridad Social en caso de que no se lleven a cabo las reformas que unánimemente se están proponiendo. Hay una avalancha ideológica muy acentuada para, aprovechando las crisis financiera y económica, hacer los cambios que las fuerzas conservadoras y liberales han deseado desde hace años. En realidad, en cada crisis económica, aparece una situación semejante, utilizando los mismos argumentos y en ocasiones incluso los mismos datos y cifras. El informe que la Comisión Europea ha hecho sobre la viabilidad de las pensiones en España, y que el Sr. Almunia utiliza en alguna de sus propuestas, es casi una copia del informe escrito por el Sr. David Taguas, entonces subdirector de estudios del Banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica de La Moncloa durante el primer gobierno Zapatero), publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro. Tal informe, que utiliza los mismos argumentos y casi los mismos datos que los que aparecen en el informe de la Comisión Europea, motivó también una editorial favorable de El País, titulado entonces (12.02.07) “Augurio de crisis”.
Un análisis detallado y riguroso de la evidencia empírica que tales informes y artículos presentan en apoyo de sus tesis y propuestas muestra que tienen problemas metodológicos serios que cuestionan su credibilidad. En realidad, es sorprendente la pobreza intelectual de su contenido y laxitud y flexibilidad en la interpretación de los datos. El hecho de que algunos de los errores que reproducen estos informes, artículos y editoriales estén ampliamente generalizados en el debate actual sobre las pensiones no excusa su aparición en tales documentos. Veamos algunos errores que centran tales informes y argumentos.
No conocen como se calcula la esperanza de vida.
En todos estos informes se asume erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así. Quiero aclarar que cuando digo no es cierto, no quiero decir que estén mintiendo. Para mentir hay que saber la verdad. Y es obvio que no la conocen. Son ignorantes, no mentirosos. No saben cómo se calcula la esperanza de vida e interpretan mal su significado.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
Los promedios no son sensibles a las diferencias por clase social
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Tenga en cuenta el lector que una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe Taguas y en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces.
El Ministro Corbacho y el Secretario General Octavio Granados llevan razón
Quisiera señalar que estos errores son mayores. Si los hace un estudiante en el programa de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra que yo dirijo, se le suspende. Pues bien, grandes instituciones como el Banco de España o la Comisión Europea los cometen y tienen una gran resonancia, convirtiéndose inmediatamente en dogmas de la nueva sabiduría convencional liberal. El problema es que, como cualquier dogma, se reproduce más por fe (la fe en la doctrina liberal) que no en la evidencia científica. El Sr. Almunia, el Sr. Fernández Ordóñez, el Banco de España, el BBVA, la Comisión Europea, El País, La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, o el ABC están equivocados, y el Sr. Corbacho, Ministro de Trabajo y el Sr. Octavio Granados (que han negado que la Seguridad Social esté en peligro), llevan razón. No hay un problema grave de viabilidad en el sistema de pensiones en España, lo cual no quiere decir que no haga falta hacer cambios (como la flexibilización voluntaria en la edad de jubilación) que mejoren no sólo las cuentas sino la equidad del sistema. Pero, entre estos cambios, no debieran incluirse los sugeridos por la sabiduría convencional liberal que ha mostrado ser lo que es: la mera defensa de intereses de clase.
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La causa mayor por la que varios países hayan retrasado la edad de jubilación a los 67 años no ha sido tanto el intento de retrasar tal edad legal, sino la de retrasar la edad real de jubilación, edad que en España es ya, 62,5 años, la más alta existente en la UE. Lo que debe hacerse es precisamente acercar la real a la legal, imposibilitando la práctica generalizada del mundo empresarial de utilizar las prejubilaciones como mecanismo de reducir las plantillas, hecho que afecta negativamente el tamaño de las pensiones de las personas prejubiladas. Este debiera ser el centro del debate sobre las pensiones; la utilización por el mundo empresarial (incluido en un lugar destacado la banca, la mayor promotora de que se recorten las pensiones en España) de la temprana jubilación como manera de aumentar sus beneficios. El hecho de que los medios de información y persuasión estén enfatizando lo primero –la reducción de las pensiones- y no lo segundo –el perjuicio que se hace a los trabajadores para mejorar los beneficios de empresarios- es un indicador más de que ciertos grupos y clases sociales en España tienen una influencia dominante en tales medios de persuasión.
Una última observación. Voces críticas tienen escasa accesibilidad a tales medios. De ahí que le ruego al lector que me ayude a distribuir ampliamente este artículo para que la población conozca que lo que se le dice por aquellos medios no se basa en evidencia empírica, sino en mera ideología, la ideología liberal que asfixia a nuestro país y domina el debate, dominio que se explica no por la fortaleza de los argumentos (que es muy floja y fácilmente demostrable que es errónea) sino por las enormes cajas de resonancia que tales voces tienen en unos forums que se caracterizan por su escasa diversidad en los puntos de vista expuestos. La democracia en España es muy, muy limitada. Y el debate sobre las pensiones lo demuestra.
Publicado en la revista SISTEMA DIGITAL, el 10 de Mayo de 2009
Este artículo señala los graves errores metodológicos de los informes de la Comisión Europea y del Banco de España, que han sido utilizados por el Comisario Europeo, Joaquín Almunia, y por el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, así como por el Partido Popular Europeo para apoyar sus propuestas de reducción de las pensiones en España.
La avalancha liberal en contra de las pensiones
Como era previsible, las voces conservadoras y liberales (desde el Partido Popular Europeo, del cual el PP español forma parte, al Sr. Almunia, Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, y el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España) han propuesto, una vez más, la reducción de las pensiones en España para garantizar su solvencia. Y los medios de información y persuasión del país han promovido tal mensaje, haciendo suyas tales propuestas. Así, El País, en su editorial del 23 de Abril de 2009 titulado “Pensiones en Conflicto”, apoyaba las propuestas del Gobernador del Banco de España escribiendo “Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Y editoriales semejantes se han escrito en La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, ABC, y en la gran mayoría de rotativos del país. La única diferencia es el énfasis que se da a cada una de estas recomendaciones, en la intensidad del apoyo al gobernador del Banco de España (y crítica, no carente de insultos, al Ministro Corbacho del gobierno español que ha cuestionado tanto el diagnóstico de inviabilidad de las pensiones como las recomendaciones hechas por el Gobernador) y a las propuestas parecidas del Sr. Almunia, y en la rapidez con que se pronostica el colapso del sistema de Seguridad Social en caso de que no se lleven a cabo las reformas que unánimemente se están proponiendo. Hay una avalancha ideológica muy acentuada para, aprovechando las crisis financiera y económica, hacer los cambios que las fuerzas conservadoras y liberales han deseado desde hace años. En realidad, en cada crisis económica, aparece una situación semejante, utilizando los mismos argumentos y en ocasiones incluso los mismos datos y cifras. El informe que la Comisión Europea ha hecho sobre la viabilidad de las pensiones en España, y que el Sr. Almunia utiliza en alguna de sus propuestas, es casi una copia del informe escrito por el Sr. David Taguas, entonces subdirector de estudios del Banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica de La Moncloa durante el primer gobierno Zapatero), publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro. Tal informe, que utiliza los mismos argumentos y casi los mismos datos que los que aparecen en el informe de la Comisión Europea, motivó también una editorial favorable de El País, titulado entonces (12.02.07) “Augurio de crisis”.
Un análisis detallado y riguroso de la evidencia empírica que tales informes y artículos presentan en apoyo de sus tesis y propuestas muestra que tienen problemas metodológicos serios que cuestionan su credibilidad. En realidad, es sorprendente la pobreza intelectual de su contenido y laxitud y flexibilidad en la interpretación de los datos. El hecho de que algunos de los errores que reproducen estos informes, artículos y editoriales estén ampliamente generalizados en el debate actual sobre las pensiones no excusa su aparición en tales documentos. Veamos algunos errores que centran tales informes y argumentos.
No conocen como se calcula la esperanza de vida.
En todos estos informes se asume erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así. Quiero aclarar que cuando digo no es cierto, no quiero decir que estén mintiendo. Para mentir hay que saber la verdad. Y es obvio que no la conocen. Son ignorantes, no mentirosos. No saben cómo se calcula la esperanza de vida e interpretan mal su significado.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
Los promedios no son sensibles a las diferencias por clase social
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Tenga en cuenta el lector que una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe Taguas y en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces.
El Ministro Corbacho y el Secretario General Octavio Granados llevan razón
Quisiera señalar que estos errores son mayores. Si los hace un estudiante en el programa de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra que yo dirijo, se le suspende. Pues bien, grandes instituciones como el Banco de España o la Comisión Europea los cometen y tienen una gran resonancia, convirtiéndose inmediatamente en dogmas de la nueva sabiduría convencional liberal. El problema es que, como cualquier dogma, se reproduce más por fe (la fe en la doctrina liberal) que no en la evidencia científica. El Sr. Almunia, el Sr. Fernández Ordóñez, el Banco de España, el BBVA, la Comisión Europea, El País, La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, o el ABC están equivocados, y el Sr. Corbacho, Ministro de Trabajo y el Sr. Octavio Granados (que han negado que la Seguridad Social esté en peligro), llevan razón. No hay un problema grave de viabilidad en el sistema de pensiones en España, lo cual no quiere decir que no haga falta hacer cambios (como la flexibilización voluntaria en la edad de jubilación) que mejoren no sólo las cuentas sino la equidad del sistema. Pero, entre estos cambios, no debieran incluirse los sugeridos por la sabiduría convencional liberal que ha mostrado ser lo que es: la mera defensa de intereses de clase.
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La causa mayor por la que varios países hayan retrasado la edad de jubilación a los 67 años no ha sido tanto el intento de retrasar tal edad legal, sino la de retrasar la edad real de jubilación, edad que en España es ya, 62,5 años, la más alta existente en la UE. Lo que debe hacerse es precisamente acercar la real a la legal, imposibilitando la práctica generalizada del mundo empresarial de utilizar las prejubilaciones como mecanismo de reducir las plantillas, hecho que afecta negativamente el tamaño de las pensiones de las personas prejubiladas. Este debiera ser el centro del debate sobre las pensiones; la utilización por el mundo empresarial (incluido en un lugar destacado la banca, la mayor promotora de que se recorten las pensiones en España) de la temprana jubilación como manera de aumentar sus beneficios. El hecho de que los medios de información y persuasión estén enfatizando lo primero –la reducción de las pensiones- y no lo segundo –el perjuicio que se hace a los trabajadores para mejorar los beneficios de empresarios- es un indicador más de que ciertos grupos y clases sociales en España tienen una influencia dominante en tales medios de persuasión.
Una última observación. Voces críticas tienen escasa accesibilidad a tales medios. De ahí que le ruego al lector que me ayude a distribuir ampliamente este artículo para que la población conozca que lo que se le dice por aquellos medios no se basa en evidencia empírica, sino en mera ideología, la ideología liberal que asfixia a nuestro país y domina el debate, dominio que se explica no por la fortaleza de los argumentos (que es muy floja y fácilmente demostrable que es errónea) sino por las enormes cajas de resonancia que tales voces tienen en unos forums que se caracterizan por su escasa diversidad en los puntos de vista expuestos. La democracia en España es muy, muy limitada. Y el debate sobre las pensiones lo demuestra.
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