<< (…) Vosotros continuareis produciendo toda la riqueza social, más os quitarán los mayores beneficios y derechos de ciudadanía, continuaréis duramente en la extrema miseria y siempre en estado de penuria, siempre temiendo por la suerte que os tocará mañana (…)
Mañana continuaréis como ahora en la languidez de la miseria y de la ignorancia y temiendo por el porvenir de vuestros hijos (…) Vuestra soberanía de ahora no es duradera, por ser la soberanía de la burla; soberanía del esclavo que, para más escarnecerlo, ponen en su cabeza una corona de papel y en sus manos un cetro de caña (…)
Sois los que producís lo necesario a la vida (…)
Solamente vosotros sois los que podéis liberaros; la unión y decisión de los trabajadores dará a todos la libertad (…)
Si os unís y lo deseáis, tomareis posesión de la tierra, de la casa, de los instrumentos de producción y de trasporte, de todos cuantos productos hay acumulados del trabajo pasado, y formareis una sociedad nueva de libertad, de igualdad, sin explotadores ni explotados, sin oprimidos ni opresores (…)
Basta para esto un simple acto de voluntad (…)
Pero esta propaganda, por esta obra de sublevamiento, de resurrección de la conciencia y de la voluntad que sea, sobre todo, sin temor a vuestros opresores (…)
Con el voto os inducen a renunciar a vuestra obra, y vosotros, adormecidos con la esperanza, creéis que vuestro bien, la realización de vuestras aspiraciones, podrá veniros de la palabra de vuestro representante, sin esfuerzos, sin sacrificios, sin riesgo de vuestra parte (…)
Y vuestros representantes, cuando no siendo, como sucede de ordinario, vuestros explotadores que obtienen el voto por medio de corrupción, de la intimidación y de mil medios que tienen a disposición, los que dominan con la fuerza del dinero y con el apoyo del gobierno (…)
Una larga y dolorosa experiencia, no sólo en España, sino en el resto de Europa y América, ha demostrado que el sistema parlamentario y el sufragio universal sólo sirven para los intereses de la clase dominante, para apagar el espíritu de resistencia del pueblo, para obstaculizar, mediante el voto de la mayoría brutal, dominante del poder, del propietario y del esbirro, todo progreso (…)
¿Queréis, trabajadores españoles, continuar por este camino y esperar sufridamente, de elección en elección, el imposible milagro de que un Parlamento haga por vosotros aquello que vosotros no sabéis o no queréis hacer por vosotros mismos? (…)
Si llegáis a comprender lo perjudicial que es para vosotros el voto; si acertáis a comprender que vuestro bien debéis conquistarlo vosotros mismos luchando directamente contra el patrono y contra el gobernante, ahora NO VOTEIS, pero pensad en propagar la idea de la redención y prepararos para hacer una revolución fecunda que termine con todas la injusticias (…)
Pero si vosotros preferís estar inermes en vanas promesas, si ahora que estáis a tiempo de enteraros de que vais a ser engañados, depositáis en la urna vuestro sufragio, votad, pues, más cuando venga el día de las desilusiones –que no tardará-, cuando os falte el pan en casa y libertad en la calle; cuando veáis que os han engañado y que aquellos que tanto os aprecian en día de elecciones son vuestro mayores tiranos y que ya no podéis protestar porque seréis una masa de durmientes, entonces os recordareis de lo que os decían LOS ANARQUISTAS>>
Párrafos del editorial del número 203 de periódico anarquista Tierra y Libertad, de 4 de marzo de 1914, sacados del libro “El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT”, de Joan Zambrana. Noventa y cinco años después la problemática se repite. En medio de una crisis económica y social que sólo en España ha arrojado ya a más de 4 millones de trabajadores al paro y el infortunio, ellos, “los líderes europeos”, convocan otra vez a las urnas para refrendar su política de saqueo de fondos públicos entregados al capital.
divendres, 5 / juny / 2009
dilluns, 1 / juny / 2009
Sobre las elecciones europeas
Apoyamos la abstención activa en estas elecciones, para no reconocer el parlamentarismo europeo ni a la puerca política. Contra el delegacionismo político, abstención activa y autoorganización obrera.
La Europa del progreso, la Europa del bienestar, la Europa del conocimiento, la Europa de las oportunidades, la Europa de la felicidad. La Europa unida y fuerte. Ya no estamos en la Europa de Julio César, la Europa de Carlomagno, la Europa de Barbarroja o la de Carlos V o la de Napoleón. Los tiempos han cambiado, pero la concepción de una Europa unificada sigue siendo vigente, con unas raíces políticas y religiosas históricas muy potentes. El orden económico actual reclama una Europa unida en unas bases económicas, las cuales son imperantes en el mundo en que vivimos. Se necesita una Europa unida ya no solo social o políticamente, sino una potencia económica y productora cuya produccióny beneficios sean capaces de competir con otras superpotencias mundiales como los EEUU de América o el Dragón Asiático Chino.
Los países de la UE, para construir esta Europa que los poderes económicos reclaman, para competir contra el resto de las potencias, están llevando a cabo políticas, las cuales están enfocadas a transformar la educación y el mundo laboral para adaptarlo a las nuevas exigencias del mercado. Estas reformas que se están llevando a cabo poco a poco están produciendo un recorte brutal en los derechos de los/as trabajadores/as de este continente. Algunas de ellas son:
·En temática laboral, los ministros de Trabajo de la UE aprobaron el decreto para instaurar la jornada laboral de 65 horas, significando esto un gravísimo atentado contra los derechos laborales de los/as trabajadores/as que fueron conquistados hace poco más de un siglo por el movimiento obrero, el cual estaba sumido en la miseria con eternas jornadas laborales, sin acceso a la educación o la cultura, y con míseros salarios. Actualmente la Comisión Europea esta estudiando la reducción de la jornada a 35 horas con la reducción de salario, mientras va aumentando la carestía de la vida constantemente. Aún así, los partidos políticos más influyentes apuestan por aumentar la jornada laboral a 48 horas.
Las deslocalizaciones son producto de las desigualdades económicas entre los países de Europa. Las grandes empresas trasladan su producción a los nuevos países en vías de desarrollo, debido al bajo precio del suelo y de las presiones fiscales. Además aprovechan el bajo coste de la mano de obra cualificada y los recortes de derechos laborales y sociales que sufren los/as trabajadores/as de los países a donde van a parar las industrias que funcionan actualmente en el estado.
·El EEES (Plan Bolonia), abarca muchos más países de Europa. Pretende llevar a cabo una progresiva mercantilización de la Universidad, introduciendo las empresas en aquellos aspectos de la misma donde puede obtener un beneficio. Así mismo, las empresas pueden controlar la formación de los universitarios a través de órganos como los Consejos Sociales, lo que conlleva a que se conviertan en personas adiestradas, menos cualificadas y más subordinadas a los intereses de la patronal, sin ningún tipo de objetividad ni de ética, debido a la valoración de subjetividades tales como la capacidad de liderazgo o de trabajo en grupo. Además, se verá aumentado el coste de la misma, sobre a todo a partir del segundo ciclo, volviéndose a convertir en una universidad elitista, al alcance de los/as más ricos/as. Por si esto fuera poco se anulará la capacidad de compaginar estudios y trabajo, al menos en 4 años, pues la jornada de estudio será de 40 horas semanales. También se suprimirán muchas becas dando préstamos promocionados por bancos a los/as estudiantes, hipotecándolos/as para años. Bolonia también supondrá un atentado contra les/as trabajadores/as de las universidades, pues se tiende a la subcontratación y externalización de servicios que hoy día ocupan trabajadores/as en puestos fijos. Para paralizar estos atropellos, les/as estudiantes y trabajadores/as universitarios/as o no, hemos optado por la vía del asamblearismo, el federalismo, el apoyo mutuo y la acción directa, sin intermediarios/as, para presionar a los órganos de poder: decanatos, rectorados y Gobierno, llegando a conseguir, de momento, que se echen atrás en materias como las becas.
La insostenibilidad del sistema capitalista ha vuelto a provocar otra grave crisis económica, la cual la estamos pagando los/as trabajadores/as. Expedientes de Regulación de Empleo, inyección de capital público a los bancos para evitar la insolvencia de los mismos y más de 4 millones de parades. Estasson las consecuencias que les trabajadores tenemos que soportar y pagar por un sistema económico desigualitario y totalmente injusto.
Ante este grave panorama político, social y económico, los/as politiquillos/as volverán a salir en sus mítines, a prometernos que nos salvaran la vida (como dicen siempre). Prometerán derechos sociales a les trabajadores, nos prometerán empleo y todo aquello que siempre prometen y luego nunca cumplen. Por todo esto, nosotros/as apoyamos la abstención activa en estas elecciones, para no reconocer el parlamentarismo europeo ni a la puerca política. Nosotros/as apostamos fuerte por el anarcosindicalismo y la autoorganización de los/as trabajadores y estudiantes, fuera de partidos políticos y sindicatos subvencionados. La mejor herramienta para la defensa de las agresiones del capital y sus políticos/as, para la conquista de los derechos que nos corresponden; además de ser la única herramienta valida para transformar la sociedad desde la base, para lograr un mundo igualitario, en el cual no haya explotación, ni competitividad, ni clases sociales, ni gobiernos. Una herramienta construida a través del asamblearismo para que todos/as tengamos igual voz y voto en la toma de decisiones; construida a través de la libre federación; utilizando como armas la solidaridad, el apoyo mutuo entre iguales que somos y la acción directa, sin intermediarios/as entre les trabajadores/as y sus enemiguos/as de clase.
CONTRA EL DELEGACIONISMO POLÍTICO, ABSTENCIÓN ACTIVA Y AUTOORGANIZACIÓN OBRERA
Grupo Anarquista Bandera Negra
divendres, 22 / maig / 2009
¿Qué pasa en la Unión Europea?
Todas las encuestas señalan que la abstención en las próximas elecciones europeas va a ser muy elevada. Tal abstención, por cierto, no es una novedad. En realidad, ha ido aumentando en los últimos años, y precede a la crisis económica y financiera actual. Las causas de esta elevada abstención son fáciles de ver. Para ello se tiene que entender qué está pasando en la Unión Europea. Veamos:
1. El desempleo en el promedio de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) ha ido aumentando desde la década de los ochenta. Europa, que históricamente (1960-1980) se había caracterizado por tener un desempleo más bajo que EEUU, pasó a tenerlo más alto a partir de los ochenta.
2. Las condiciones de trabajo de la población activa se han ido deteriorando en la mayoría de países de la UE-15. El porcentaje de la población que dice trabajar en condiciones estresantes pasó a ser (en el promedio de los países de la UE-15) del 32% de la población trabajadora en el año 1991 al 44% en el año 2005.
3. La tasa de crecimiento anual del gasto público en transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar (como pensiones, sanidad, servicios de ayuda a las familias, vivienda, y otros componentes de la protección social), utilizados predominantemente por las clases populares, ha ido descendiendo en el promedio de los países de la UE-15, pasando del 6,2% en 1990 al 4,8% en 2004. La tasa de crecimiento de las necesidades sociales, sin embargo, ha ido
aumentando.
4. La cobertura e intensidad de los beneficios laborales (en caso de enfermedad, discapacidad o desempleo) ha disminuido en la mayoría de países de la UE-15. Esta disminución ha sido, en general, más acentuada en los países gobernados por partidos liberales y conservadores que en aquellos gobernados por partidos socialdemócratas. Pero, en todos ellos, tales derechos sociales han disminuido.
5. Las rentas del trabajo (lo que se llama masa salarial, que depende del nivel de salarios y del número de asalariados), como porcentaje de la renta nacional, han descendido en el promedio de los países de la UE-15 (y ello a pesar de que el número de asalariados ha aumentado), pasando de representar un 68% de las rentas nacionales en 1975 a un 58% en el año 2005.
Tales hechos son indicadores del deterioro de la situación social y laboral de las clases trabajadoras y otros componentes de las clases populares en la UE-15, lo cual ha estado ocurriendo a la vez que las rentas del capital han crecido de una manera exuberante. Los beneficios empresariales han crecido (en el periodo 1999-2006) un 33% en el promedio de los países de la UE-15 y un 36,6% en los países de la zona euro, mientras que los costes laborales han aumentado sólo un 18%. Consecuencia de esta situación es que las desigualdades sociales han crecido enormemente, alcanzando cuotas sin precedentes. A los ricos nunca les había ido tan bien, y ello a costa del bienestar de todos los demás, es decir, las clases medias y las clases trabajadoras que vieron sus estándares de vida disminuidos. Y las encuestas muestran que la población europea es consciente de ello. El 78% de la población en la UE-15 dice que las desigualdades sociales en su país son excesivas. Nunca se había visto un porcentaje tan elevado de desaprobación de las desigualdades sociales en la mayoría de países de la UE-15.
Esta polarización social de rentas ha sido facilitada por las políticas públicas promovidas por el consenso de Bruselas (que es la versión europea del consenso liberal de Washington), llevadas a cabo por las instituciones europeas, tales como la Comisión Europea (encargada de vigilar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, que ha sido responsable de la austeridad del gasto público) y el Banco Central Europeo (cuyas políticas monetarias han beneficiado enormemente al capital financiero a costa del estímulo económico y la producción de empleo). Y la población es consciente de ello. Tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo están entre las instituciones europeas menos valoradas. El establishment europeo (el conjunto de instituciones que lideran la Unión Europea) ha estado promoviendo políticas liberales, que incluyen desde la desregulación de los mercados laborales y financieros a la reducción del gasto público y de los impuestos. De ahí la decepción, cuando no enfado, de las clases populares hacia la Europa que se está construyendo y que afecta más a los partidos de centroizquierda que a los partidos de centroderecha y derecha, puesto que los grupos sociales más afectados negativamente por estas políticas liberales han sido las bases electorales, históricamente más fieles a los partidos de centroizquierda, tales como las clases trabajadoras.
La identificación de los partidos de centroizquierda gobernantes con las políticas liberales ha sido la causa de su enorme crisis. No hay que olvidar que la mayoría de gobiernos europeos habían sido de centroizquierda. La decepción creada por su liberalismo ha sido la causa de que sus bases electorales se hayan desplazado a partidos más radicales (de izquierda y de derecha), aun cuando la mayoría se ha ido absteniendo, quedándose en casa. Tales partidos de centroizquierda tendrán que hacer una autocrítica muy fuerte, abandonando el socioliberalismo si quieren recuperar el voto perdido.
En cuanto a las derechas, su éxito se debe a la lealtad de sus bases electorales, constituidas por los grupos de renta superior, beneficiados por las políticas liberales, y la de aquellos sectores de las clases populares atraídos por el mensaje nacionalista y anti inmigrante, consecuencia de su gran inseguridad. No es racista el más ignorante sino el más inseguro, y hay mucha inseguridad en la UE. Por otra parte, son estas mismas derechas (como el Partido Popular Europeo, al cual pertenece el PP español) las que trasladan a la Unión Europea (que tiene un enorme déficit democrático) aquellas medidas impopulares, como son el retraso de la edad de jubilación, que bien saben no podrían aprobar en sus parlamentos.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía
de la Universidad de Barcelona.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1294/¿que-pasa-en-la-union-europea/
1. El desempleo en el promedio de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15) ha ido aumentando desde la década de los ochenta. Europa, que históricamente (1960-1980) se había caracterizado por tener un desempleo más bajo que EEUU, pasó a tenerlo más alto a partir de los ochenta.
2. Las condiciones de trabajo de la población activa se han ido deteriorando en la mayoría de países de la UE-15. El porcentaje de la población que dice trabajar en condiciones estresantes pasó a ser (en el promedio de los países de la UE-15) del 32% de la población trabajadora en el año 1991 al 44% en el año 2005.
3. La tasa de crecimiento anual del gasto público en transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar (como pensiones, sanidad, servicios de ayuda a las familias, vivienda, y otros componentes de la protección social), utilizados predominantemente por las clases populares, ha ido descendiendo en el promedio de los países de la UE-15, pasando del 6,2% en 1990 al 4,8% en 2004. La tasa de crecimiento de las necesidades sociales, sin embargo, ha ido
aumentando.
4. La cobertura e intensidad de los beneficios laborales (en caso de enfermedad, discapacidad o desempleo) ha disminuido en la mayoría de países de la UE-15. Esta disminución ha sido, en general, más acentuada en los países gobernados por partidos liberales y conservadores que en aquellos gobernados por partidos socialdemócratas. Pero, en todos ellos, tales derechos sociales han disminuido.
5. Las rentas del trabajo (lo que se llama masa salarial, que depende del nivel de salarios y del número de asalariados), como porcentaje de la renta nacional, han descendido en el promedio de los países de la UE-15 (y ello a pesar de que el número de asalariados ha aumentado), pasando de representar un 68% de las rentas nacionales en 1975 a un 58% en el año 2005.
Tales hechos son indicadores del deterioro de la situación social y laboral de las clases trabajadoras y otros componentes de las clases populares en la UE-15, lo cual ha estado ocurriendo a la vez que las rentas del capital han crecido de una manera exuberante. Los beneficios empresariales han crecido (en el periodo 1999-2006) un 33% en el promedio de los países de la UE-15 y un 36,6% en los países de la zona euro, mientras que los costes laborales han aumentado sólo un 18%. Consecuencia de esta situación es que las desigualdades sociales han crecido enormemente, alcanzando cuotas sin precedentes. A los ricos nunca les había ido tan bien, y ello a costa del bienestar de todos los demás, es decir, las clases medias y las clases trabajadoras que vieron sus estándares de vida disminuidos. Y las encuestas muestran que la población europea es consciente de ello. El 78% de la población en la UE-15 dice que las desigualdades sociales en su país son excesivas. Nunca se había visto un porcentaje tan elevado de desaprobación de las desigualdades sociales en la mayoría de países de la UE-15.
Esta polarización social de rentas ha sido facilitada por las políticas públicas promovidas por el consenso de Bruselas (que es la versión europea del consenso liberal de Washington), llevadas a cabo por las instituciones europeas, tales como la Comisión Europea (encargada de vigilar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, que ha sido responsable de la austeridad del gasto público) y el Banco Central Europeo (cuyas políticas monetarias han beneficiado enormemente al capital financiero a costa del estímulo económico y la producción de empleo). Y la población es consciente de ello. Tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo están entre las instituciones europeas menos valoradas. El establishment europeo (el conjunto de instituciones que lideran la Unión Europea) ha estado promoviendo políticas liberales, que incluyen desde la desregulación de los mercados laborales y financieros a la reducción del gasto público y de los impuestos. De ahí la decepción, cuando no enfado, de las clases populares hacia la Europa que se está construyendo y que afecta más a los partidos de centroizquierda que a los partidos de centroderecha y derecha, puesto que los grupos sociales más afectados negativamente por estas políticas liberales han sido las bases electorales, históricamente más fieles a los partidos de centroizquierda, tales como las clases trabajadoras.
La identificación de los partidos de centroizquierda gobernantes con las políticas liberales ha sido la causa de su enorme crisis. No hay que olvidar que la mayoría de gobiernos europeos habían sido de centroizquierda. La decepción creada por su liberalismo ha sido la causa de que sus bases electorales se hayan desplazado a partidos más radicales (de izquierda y de derecha), aun cuando la mayoría se ha ido absteniendo, quedándose en casa. Tales partidos de centroizquierda tendrán que hacer una autocrítica muy fuerte, abandonando el socioliberalismo si quieren recuperar el voto perdido.
En cuanto a las derechas, su éxito se debe a la lealtad de sus bases electorales, constituidas por los grupos de renta superior, beneficiados por las políticas liberales, y la de aquellos sectores de las clases populares atraídos por el mensaje nacionalista y anti inmigrante, consecuencia de su gran inseguridad. No es racista el más ignorante sino el más inseguro, y hay mucha inseguridad en la UE. Por otra parte, son estas mismas derechas (como el Partido Popular Europeo, al cual pertenece el PP español) las que trasladan a la Unión Europea (que tiene un enorme déficit democrático) aquellas medidas impopulares, como son el retraso de la edad de jubilación, que bien saben no podrían aprobar en sus parlamentos.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía
de la Universidad de Barcelona.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1294/¿que-pasa-en-la-union-europea/
dimarts, 19 / maig / 2009
La avalancha liberal en contra de las pensiones
http://vnavarro.org
Publicado en la revista SISTEMA DIGITAL, el 10 de Mayo de 2009
Este artículo señala los graves errores metodológicos de los informes de la Comisión Europea y del Banco de España, que han sido utilizados por el Comisario Europeo, Joaquín Almunia, y por el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, así como por el Partido Popular Europeo para apoyar sus propuestas de reducción de las pensiones en España.
La avalancha liberal en contra de las pensiones
Como era previsible, las voces conservadoras y liberales (desde el Partido Popular Europeo, del cual el PP español forma parte, al Sr. Almunia, Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, y el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España) han propuesto, una vez más, la reducción de las pensiones en España para garantizar su solvencia. Y los medios de información y persuasión del país han promovido tal mensaje, haciendo suyas tales propuestas. Así, El País, en su editorial del 23 de Abril de 2009 titulado “Pensiones en Conflicto”, apoyaba las propuestas del Gobernador del Banco de España escribiendo “Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Y editoriales semejantes se han escrito en La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, ABC, y en la gran mayoría de rotativos del país. La única diferencia es el énfasis que se da a cada una de estas recomendaciones, en la intensidad del apoyo al gobernador del Banco de España (y crítica, no carente de insultos, al Ministro Corbacho del gobierno español que ha cuestionado tanto el diagnóstico de inviabilidad de las pensiones como las recomendaciones hechas por el Gobernador) y a las propuestas parecidas del Sr. Almunia, y en la rapidez con que se pronostica el colapso del sistema de Seguridad Social en caso de que no se lleven a cabo las reformas que unánimemente se están proponiendo. Hay una avalancha ideológica muy acentuada para, aprovechando las crisis financiera y económica, hacer los cambios que las fuerzas conservadoras y liberales han deseado desde hace años. En realidad, en cada crisis económica, aparece una situación semejante, utilizando los mismos argumentos y en ocasiones incluso los mismos datos y cifras. El informe que la Comisión Europea ha hecho sobre la viabilidad de las pensiones en España, y que el Sr. Almunia utiliza en alguna de sus propuestas, es casi una copia del informe escrito por el Sr. David Taguas, entonces subdirector de estudios del Banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica de La Moncloa durante el primer gobierno Zapatero), publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro. Tal informe, que utiliza los mismos argumentos y casi los mismos datos que los que aparecen en el informe de la Comisión Europea, motivó también una editorial favorable de El País, titulado entonces (12.02.07) “Augurio de crisis”.
Un análisis detallado y riguroso de la evidencia empírica que tales informes y artículos presentan en apoyo de sus tesis y propuestas muestra que tienen problemas metodológicos serios que cuestionan su credibilidad. En realidad, es sorprendente la pobreza intelectual de su contenido y laxitud y flexibilidad en la interpretación de los datos. El hecho de que algunos de los errores que reproducen estos informes, artículos y editoriales estén ampliamente generalizados en el debate actual sobre las pensiones no excusa su aparición en tales documentos. Veamos algunos errores que centran tales informes y argumentos.
No conocen como se calcula la esperanza de vida.
En todos estos informes se asume erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así. Quiero aclarar que cuando digo no es cierto, no quiero decir que estén mintiendo. Para mentir hay que saber la verdad. Y es obvio que no la conocen. Son ignorantes, no mentirosos. No saben cómo se calcula la esperanza de vida e interpretan mal su significado.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
Los promedios no son sensibles a las diferencias por clase social
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Tenga en cuenta el lector que una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe Taguas y en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces.
El Ministro Corbacho y el Secretario General Octavio Granados llevan razón
Quisiera señalar que estos errores son mayores. Si los hace un estudiante en el programa de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra que yo dirijo, se le suspende. Pues bien, grandes instituciones como el Banco de España o la Comisión Europea los cometen y tienen una gran resonancia, convirtiéndose inmediatamente en dogmas de la nueva sabiduría convencional liberal. El problema es que, como cualquier dogma, se reproduce más por fe (la fe en la doctrina liberal) que no en la evidencia científica. El Sr. Almunia, el Sr. Fernández Ordóñez, el Banco de España, el BBVA, la Comisión Europea, El País, La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, o el ABC están equivocados, y el Sr. Corbacho, Ministro de Trabajo y el Sr. Octavio Granados (que han negado que la Seguridad Social esté en peligro), llevan razón. No hay un problema grave de viabilidad en el sistema de pensiones en España, lo cual no quiere decir que no haga falta hacer cambios (como la flexibilización voluntaria en la edad de jubilación) que mejoren no sólo las cuentas sino la equidad del sistema. Pero, entre estos cambios, no debieran incluirse los sugeridos por la sabiduría convencional liberal que ha mostrado ser lo que es: la mera defensa de intereses de clase.
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La causa mayor por la que varios países hayan retrasado la edad de jubilación a los 67 años no ha sido tanto el intento de retrasar tal edad legal, sino la de retrasar la edad real de jubilación, edad que en España es ya, 62,5 años, la más alta existente en la UE. Lo que debe hacerse es precisamente acercar la real a la legal, imposibilitando la práctica generalizada del mundo empresarial de utilizar las prejubilaciones como mecanismo de reducir las plantillas, hecho que afecta negativamente el tamaño de las pensiones de las personas prejubiladas. Este debiera ser el centro del debate sobre las pensiones; la utilización por el mundo empresarial (incluido en un lugar destacado la banca, la mayor promotora de que se recorten las pensiones en España) de la temprana jubilación como manera de aumentar sus beneficios. El hecho de que los medios de información y persuasión estén enfatizando lo primero –la reducción de las pensiones- y no lo segundo –el perjuicio que se hace a los trabajadores para mejorar los beneficios de empresarios- es un indicador más de que ciertos grupos y clases sociales en España tienen una influencia dominante en tales medios de persuasión.
Una última observación. Voces críticas tienen escasa accesibilidad a tales medios. De ahí que le ruego al lector que me ayude a distribuir ampliamente este artículo para que la población conozca que lo que se le dice por aquellos medios no se basa en evidencia empírica, sino en mera ideología, la ideología liberal que asfixia a nuestro país y domina el debate, dominio que se explica no por la fortaleza de los argumentos (que es muy floja y fácilmente demostrable que es errónea) sino por las enormes cajas de resonancia que tales voces tienen en unos forums que se caracterizan por su escasa diversidad en los puntos de vista expuestos. La democracia en España es muy, muy limitada. Y el debate sobre las pensiones lo demuestra.
Publicado en la revista SISTEMA DIGITAL, el 10 de Mayo de 2009
Este artículo señala los graves errores metodológicos de los informes de la Comisión Europea y del Banco de España, que han sido utilizados por el Comisario Europeo, Joaquín Almunia, y por el gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, así como por el Partido Popular Europeo para apoyar sus propuestas de reducción de las pensiones en España.
La avalancha liberal en contra de las pensiones
Como era previsible, las voces conservadoras y liberales (desde el Partido Popular Europeo, del cual el PP español forma parte, al Sr. Almunia, Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, y el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de España) han propuesto, una vez más, la reducción de las pensiones en España para garantizar su solvencia. Y los medios de información y persuasión del país han promovido tal mensaje, haciendo suyas tales propuestas. Así, El País, en su editorial del 23 de Abril de 2009 titulado “Pensiones en Conflicto”, apoyaba las propuestas del Gobernador del Banco de España escribiendo “Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón… Nada más lógico (para salvar la viabilidad de las pensiones) que subir la edad de la jubilación y aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión…”. Y editoriales semejantes se han escrito en La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, ABC, y en la gran mayoría de rotativos del país. La única diferencia es el énfasis que se da a cada una de estas recomendaciones, en la intensidad del apoyo al gobernador del Banco de España (y crítica, no carente de insultos, al Ministro Corbacho del gobierno español que ha cuestionado tanto el diagnóstico de inviabilidad de las pensiones como las recomendaciones hechas por el Gobernador) y a las propuestas parecidas del Sr. Almunia, y en la rapidez con que se pronostica el colapso del sistema de Seguridad Social en caso de que no se lleven a cabo las reformas que unánimemente se están proponiendo. Hay una avalancha ideológica muy acentuada para, aprovechando las crisis financiera y económica, hacer los cambios que las fuerzas conservadoras y liberales han deseado desde hace años. En realidad, en cada crisis económica, aparece una situación semejante, utilizando los mismos argumentos y en ocasiones incluso los mismos datos y cifras. El informe que la Comisión Europea ha hecho sobre la viabilidad de las pensiones en España, y que el Sr. Almunia utiliza en alguna de sus propuestas, es casi una copia del informe escrito por el Sr. David Taguas, entonces subdirector de estudios del Banco BBVA (y más tarde director de la oficina económica de La Moncloa durante el primer gobierno Zapatero), publicado en la revista Panorama Social de la Fundación de Cajas de Ahorro. Tal informe, que utiliza los mismos argumentos y casi los mismos datos que los que aparecen en el informe de la Comisión Europea, motivó también una editorial favorable de El País, titulado entonces (12.02.07) “Augurio de crisis”.
Un análisis detallado y riguroso de la evidencia empírica que tales informes y artículos presentan en apoyo de sus tesis y propuestas muestra que tienen problemas metodológicos serios que cuestionan su credibilidad. En realidad, es sorprendente la pobreza intelectual de su contenido y laxitud y flexibilidad en la interpretación de los datos. El hecho de que algunos de los errores que reproducen estos informes, artículos y editoriales estén ampliamente generalizados en el debate actual sobre las pensiones no excusa su aparición en tales documentos. Veamos algunos errores que centran tales informes y argumentos.
No conocen como se calcula la esperanza de vida.
En todos estos informes se asume erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así. Quiero aclarar que cuando digo no es cierto, no quiero decir que estén mintiendo. Para mentir hay que saber la verdad. Y es obvio que no la conocen. Son ignorantes, no mentirosos. No saben cómo se calcula la esperanza de vida e interpretan mal su significado.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
Los promedios no son sensibles a las diferencias por clase social
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Tenga en cuenta el lector que una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe Taguas y en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces.
El Ministro Corbacho y el Secretario General Octavio Granados llevan razón
Quisiera señalar que estos errores son mayores. Si los hace un estudiante en el programa de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra que yo dirijo, se le suspende. Pues bien, grandes instituciones como el Banco de España o la Comisión Europea los cometen y tienen una gran resonancia, convirtiéndose inmediatamente en dogmas de la nueva sabiduría convencional liberal. El problema es que, como cualquier dogma, se reproduce más por fe (la fe en la doctrina liberal) que no en la evidencia científica. El Sr. Almunia, el Sr. Fernández Ordóñez, el Banco de España, el BBVA, la Comisión Europea, El País, La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, o el ABC están equivocados, y el Sr. Corbacho, Ministro de Trabajo y el Sr. Octavio Granados (que han negado que la Seguridad Social esté en peligro), llevan razón. No hay un problema grave de viabilidad en el sistema de pensiones en España, lo cual no quiere decir que no haga falta hacer cambios (como la flexibilización voluntaria en la edad de jubilación) que mejoren no sólo las cuentas sino la equidad del sistema. Pero, entre estos cambios, no debieran incluirse los sugeridos por la sabiduría convencional liberal que ha mostrado ser lo que es: la mera defensa de intereses de clase.
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La causa mayor por la que varios países hayan retrasado la edad de jubilación a los 67 años no ha sido tanto el intento de retrasar tal edad legal, sino la de retrasar la edad real de jubilación, edad que en España es ya, 62,5 años, la más alta existente en la UE. Lo que debe hacerse es precisamente acercar la real a la legal, imposibilitando la práctica generalizada del mundo empresarial de utilizar las prejubilaciones como mecanismo de reducir las plantillas, hecho que afecta negativamente el tamaño de las pensiones de las personas prejubiladas. Este debiera ser el centro del debate sobre las pensiones; la utilización por el mundo empresarial (incluido en un lugar destacado la banca, la mayor promotora de que se recorten las pensiones en España) de la temprana jubilación como manera de aumentar sus beneficios. El hecho de que los medios de información y persuasión estén enfatizando lo primero –la reducción de las pensiones- y no lo segundo –el perjuicio que se hace a los trabajadores para mejorar los beneficios de empresarios- es un indicador más de que ciertos grupos y clases sociales en España tienen una influencia dominante en tales medios de persuasión.
Una última observación. Voces críticas tienen escasa accesibilidad a tales medios. De ahí que le ruego al lector que me ayude a distribuir ampliamente este artículo para que la población conozca que lo que se le dice por aquellos medios no se basa en evidencia empírica, sino en mera ideología, la ideología liberal que asfixia a nuestro país y domina el debate, dominio que se explica no por la fortaleza de los argumentos (que es muy floja y fácilmente demostrable que es errónea) sino por las enormes cajas de resonancia que tales voces tienen en unos forums que se caracterizan por su escasa diversidad en los puntos de vista expuestos. La democracia en España es muy, muy limitada. Y el debate sobre las pensiones lo demuestra.
dissabte, 25 / abril / 2009
1 de maig de 2009
Manifest de la CGT per al Primer de Maig de 2009
"Qui al llarg de dècades han dissenyat les polítiques que ens han conduït al precipici i amb les quals s'han enriquit fins a límits insospitats, a costa del nostre sofriment i les nostres necessitats, es presenten davant la classe treballadora per a exigir de totes i tots que els traguem a ells de la seva crisi, deixant-nos escanyar encara més amb els seus paranys crediticis.Secretariat Permanent de la CGT
"Qui al llarg de dècades han dissenyat les polítiques que ens han conduït al precipici i amb les quals s'han enriquit fins a límits insospitats, a costa del nostre sofriment i les nostres necessitats, es presenten davant la classe treballadora per a exigir de totes i tots que els traguem a ells de la seva crisi, deixant-nos escanyar encara més amb els seus paranys crediticis.
Durant anys han privatitzat els guanys
i ara pretenen que nosaltres paguem els seus perdudes
Enfront de les exigències dels poderosos i els rics, l'actuació de govern i sindicats majoritaris està sent vergonyosa i còmplice, ja que el primer destina milers de milions de les arques públiques per a finançar empresaris, especuladors i depredadors financers, i legisla a cops de decrets perquè siguin els treballadors amb el seu atur, els que financiïn la seva pròpia contractació als empresaris; els segons, sent els garants dels acomiadaments col·lectius a través de les seves signatures indiscriminades i realitzant vagues i mobilitzacions domesticades al servei de les patronals i el govern, obstaculitzant d'aquesta manera que hagi una veritable resposta social que paralitzi d'una vegada per sempre aquesta bogeria que és el capitalisme."
LA CRISI QUE LA PAGUIN ELS RICS
PER UN VERITABLE CANVI SOCIAL,
PER A TOTS TOT
CAP A LA VAGA GENERAL
Secretariat Permanent de la CGT
Dijous, 2 d'abril de 2009
dimecres, 15 / abril / 2009
¡Ya llega la PSI!, o bien, ¿adónde se fue la PSI?
Como buena empresa líder en algún sector, Indra dispone, desde hace casi 10 años, de la herramienta perfecta: la PSI (Política Salarial Individualizada, en versión oficial; seguro que cada uno se ha inventado su propia definición)
Perfecta… para la compañía, desde luego. ¿Cuál es su funcionamiento?
Desde un punto de vista teórico: una evaluación sobre el trabajo del año anterior, efectuada por el superior inmediato, proporciona una nota que unida al rol y al sueldo actual, de manera automática e imparcial, otorga el incremento de sueldo para el año en curso.
No entraremos a discutir sobre la “objetividad” de la evaluación, ni si el rol (impuesto por la dirección) tiene alguna relación con las tareas que realmente se desempeñan, ni si el sueldo es realmente justo y acorde con el labor realizada.
No. Simplemente, explicaremos lo que ocurre en la realidad: de automatismo e imparcialidad, ¡ná de ná!. El autor de estas líneas, todavía recuerda con cariño su primera evaluación: una nota de 3, sobre 4 (en aquella época, no existía el 5) Y como olvidar el 0% de incremento anual que vino unido a dicha nota.
Y eso pasa porque, en realidad, en el posible aumento de sueldo juegan muchos más factores: que si el mercado va bien o mal, que si tu proyecto tuvo beneficios o no, que si tu jefe (u otro por encima) te mira mal...
Y para rematar el asunto, la evaluación de la plantilla debe tender hacia una campana de Gauss, porque sí. Tiene que haber un pequeño grupo de muy buenos, una gran masa de buenos o regulares y otro pequeño grupos de malos-inútiles. Por lo que podría ocurrirte que acabes con una nota de 2 o, peor, de 1, ¡simplemente para que cuadre con los deseos de la dirección!
Al final, la supuesta objetividad del proceso simplemente desaparece.
Y se transforma en una herramienta más de la dirección para jugar con nosotros. Y lo peor es que lo aceptamos. Participamos en su juego. Cuando se acerca abril o mayo, todo son nervios y preguntas del tipo: ¿se sabe algo de la PSI?.
Que acaban, normalmente, en desilusión. Desde hace muchos años, la media de los incrementos salariales ha estado siempre por debajo del IPC (mientras los beneficios de Indra superaban los dos dígitos) Dicho de otra manera, los trabajadores de Indra perdemos poder adquisitivo continuamente. No ocurre así con los directivos, como ya deberíais saber.
¿Y qué se puede hacer? Pues, aunque parezca increíble, simplemente plantar cara. Organizarnos. Hablarlo entre nosotros, definir qué queremos, elaborar una propuesta y presentarla a la dirección. Y estar dispuesto a partirnos la cara (o a partirla) por ella.
Fácil, ¿no? Pues, ¿a qué esperamos?
Perfecta… para la compañía, desde luego. ¿Cuál es su funcionamiento?
Desde un punto de vista teórico: una evaluación sobre el trabajo del año anterior, efectuada por el superior inmediato, proporciona una nota que unida al rol y al sueldo actual, de manera automática e imparcial, otorga el incremento de sueldo para el año en curso.
No entraremos a discutir sobre la “objetividad” de la evaluación, ni si el rol (impuesto por la dirección) tiene alguna relación con las tareas que realmente se desempeñan, ni si el sueldo es realmente justo y acorde con el labor realizada.
No. Simplemente, explicaremos lo que ocurre en la realidad: de automatismo e imparcialidad, ¡ná de ná!. El autor de estas líneas, todavía recuerda con cariño su primera evaluación: una nota de 3, sobre 4 (en aquella época, no existía el 5) Y como olvidar el 0% de incremento anual que vino unido a dicha nota.
Y eso pasa porque, en realidad, en el posible aumento de sueldo juegan muchos más factores: que si el mercado va bien o mal, que si tu proyecto tuvo beneficios o no, que si tu jefe (u otro por encima) te mira mal...
Y para rematar el asunto, la evaluación de la plantilla debe tender hacia una campana de Gauss, porque sí. Tiene que haber un pequeño grupo de muy buenos, una gran masa de buenos o regulares y otro pequeño grupos de malos-inútiles. Por lo que podría ocurrirte que acabes con una nota de 2 o, peor, de 1, ¡simplemente para que cuadre con los deseos de la dirección!
Al final, la supuesta objetividad del proceso simplemente desaparece.
Y se transforma en una herramienta más de la dirección para jugar con nosotros. Y lo peor es que lo aceptamos. Participamos en su juego. Cuando se acerca abril o mayo, todo son nervios y preguntas del tipo: ¿se sabe algo de la PSI?.
Que acaban, normalmente, en desilusión. Desde hace muchos años, la media de los incrementos salariales ha estado siempre por debajo del IPC (mientras los beneficios de Indra superaban los dos dígitos) Dicho de otra manera, los trabajadores de Indra perdemos poder adquisitivo continuamente. No ocurre así con los directivos, como ya deberíais saber.
¿Y qué se puede hacer? Pues, aunque parezca increíble, simplemente plantar cara. Organizarnos. Hablarlo entre nosotros, definir qué queremos, elaborar una propuesta y presentarla a la dirección. Y estar dispuesto a partirnos la cara (o a partirla) por ella.
Fácil, ¿no? Pues, ¿a qué esperamos?
dimarts, 7 / abril / 2009
Reunión del G20: La buena y la mala evasión fiscal
Jean-Claude Paye
Rebelión
El G20 presentó un programa de 1.100.000 millones de dólares destinado a apoyar el crédito. Sin embargo, no se anunció ningún plan de relanzamiento global. El objetivo no es provocar un relanzamiento de la máquina económica por medio de un aumento de la demanda de los hogares, sino promover una redistribución de ingresos, principalmente hacia el sector bancario. Este proceso se acompaña de una jerarquización cada vez mayor del sistema financiero internacional. Lo esencial se ha centrado en «la lucha contra los paraísos fiscales». La acción se basa en tres listas que acaba de establecer la OCDE. La primera, la lista negra, sólo comprende cuatro Estados, como Costa Rica y Uruguay, países que no tienen ninguna relación de fuerza a nivel internacional. La segunda, la lista gris, incluye a los países «que tiene que hacer esfuerzos en materia de cooperación fiscal» y comprende a Suiza y Luxemburgo. La tercera, la lista blanca, la de los países cooperativos, comprende a Reino Unido y a cuatro de sus «territorios dependientes»: Jersey, Guernesey, la isla de Man y las Islas Vírgenes. Evidentemente, Estados Unidos pertenece a esta última y ello sin nota alguna referente a las prácticas opacas de Estados como Delaware o Wyoming.
La ofensiva se ha centrado en el secreto bancario presentado como el medio privilegiado para la evasión fiscal. Sin embargo, actualmente la mitad del mercado offshore se concentra en los trusts, unas creaciones jurídicas anglosajonas que no necesitan el secreto bancario para poder ponerse al abrigo del fisco. Ya no se trata de un mercado de la discreción bancaria, sino del de las técnicas jurídicas en ingeniería fiscal.
El trust es un vehículo de derecho anglosajón que permite a una persona adinerada despojarse de su fortuna para no aparecer como el propietario a ojos del fisco. Si es «discrecional e irrevocable», el banco que abre la cuenta no puede exigir la identidad del beneficiario. Una persona que ha constituido este trust en el extranjero no es gravada en absoluto porque ya no es considerada propietaria de sus bienes. Por lo que se refiere al beneficiario del trust, que en principio es imponible, no se exige su identidad cuando se abre la cuenta.
Las islas de Jersey y Guernesey, ambas territorio británico, son unas jurisdicciones especializadas en la constitución de trusts. También es el caso de Delaware y las islas del Caribe, que sirven de refugio al dinero «gris» procedente de Estados Unidos, al igual que Miami, que acoge en Estados Unidos a los capitales americanos que quieren escapar al fisco de sus países de origen. Singapur cumple la misma función tratando las fortunas asiáticas o europeas.
Los bancos anglosajones sólo conservan información sobre el contratante, el «trustee», la sociedad de gestión y de administración del trust, lo que en la práctica les permite obtener una opacidad total de la persona quiere escapar del fisco. Así llegan a una confidencialidad aún mayor sin secreto bancario en el sentido formal del término.
El objetivo principal de este G20 es Suiza, uno de los principales centros financieros mundiales. De hecho, se trata de una reorganización del sistema financiero internacional a su costa.
Estados Unidos y sus satélites de las islas del Caribe, así como los centros offshore bajo pabellón británico controlan cada uno de ellos un mercado del «dinero gris» casi igual al de Suiza. Tras la ofensiva estadounidense Suiza, que todavía detenta el 27% del mercado mundial del ahorro mundial administrado fuera del lugar de residencia, podría perder rápidamente terreno a manos de sus principales competidores: Reino Unido y sus islas anglonormandas, la isla de Man y Dublín que tratan el 24% de estos capitales, así como Nueva York, Miami, las islas del Caribe y Panama que detentan el 19% de los 7.300.000 millones de dólares situados fuera de las fronteras. La mitad de esta cantidad no se declararía.
Tras la amenaza de inscribir a Suiza en la lista de los paraísos fiscales de la OCDE, este país ha abierto una brecha en su secreto bancario. Va a consentir al intercambio de información, pero caso por caso en respuesta a peticiones concretas y fundadas de las administraciones fiscales de terceros países. Luxemburgo y Austria, los dos últimos miembros de la Unión Europea que desean conservar su secreto bancario, han hecho lo mismo. Sin embargo, nunca se ha planteado incluir en esta lista a Estados de Estados Unidos, como Delaware cuyas LLC (Limited Liabilities Compagnies, Compañías de Pasivos Limitados) están libres de toda forma de imposición.
Situada en el contexto de la crisis financiera, esta operación bajo la hegemonía estadounidense «de lucha contra el fraude fiscal» parece un intento por parte de los Estados de recuperar unos capitales destinados a financiar en parte las ayudas consentidas a los bancos y aseguradoras. Sin embargo, no se llama a todos los defraudadores del fisco a aportar su contribución, ya que los más acomodados siempre tendrán la posibilidad de apelar a la ingeniería fiscal para escapar a los impuestos. Esta operación de sustracción fiscal se les facilitará aún más si sitúan sus capitales en centros offshore estadounidenses o anglosajones, en territorios situados bajo el control directo de la potencia dominante.
El sociólogo belga Jean-Claude Paye es autor de El final del Estado de derecho. Editorial Hiru, Hondarribi, 2008
Rebelión
El G20 presentó un programa de 1.100.000 millones de dólares destinado a apoyar el crédito. Sin embargo, no se anunció ningún plan de relanzamiento global. El objetivo no es provocar un relanzamiento de la máquina económica por medio de un aumento de la demanda de los hogares, sino promover una redistribución de ingresos, principalmente hacia el sector bancario. Este proceso se acompaña de una jerarquización cada vez mayor del sistema financiero internacional. Lo esencial se ha centrado en «la lucha contra los paraísos fiscales». La acción se basa en tres listas que acaba de establecer la OCDE. La primera, la lista negra, sólo comprende cuatro Estados, como Costa Rica y Uruguay, países que no tienen ninguna relación de fuerza a nivel internacional. La segunda, la lista gris, incluye a los países «que tiene que hacer esfuerzos en materia de cooperación fiscal» y comprende a Suiza y Luxemburgo. La tercera, la lista blanca, la de los países cooperativos, comprende a Reino Unido y a cuatro de sus «territorios dependientes»: Jersey, Guernesey, la isla de Man y las Islas Vírgenes. Evidentemente, Estados Unidos pertenece a esta última y ello sin nota alguna referente a las prácticas opacas de Estados como Delaware o Wyoming.
La ofensiva se ha centrado en el secreto bancario presentado como el medio privilegiado para la evasión fiscal. Sin embargo, actualmente la mitad del mercado offshore se concentra en los trusts, unas creaciones jurídicas anglosajonas que no necesitan el secreto bancario para poder ponerse al abrigo del fisco. Ya no se trata de un mercado de la discreción bancaria, sino del de las técnicas jurídicas en ingeniería fiscal.
El trust es un vehículo de derecho anglosajón que permite a una persona adinerada despojarse de su fortuna para no aparecer como el propietario a ojos del fisco. Si es «discrecional e irrevocable», el banco que abre la cuenta no puede exigir la identidad del beneficiario. Una persona que ha constituido este trust en el extranjero no es gravada en absoluto porque ya no es considerada propietaria de sus bienes. Por lo que se refiere al beneficiario del trust, que en principio es imponible, no se exige su identidad cuando se abre la cuenta.
Las islas de Jersey y Guernesey, ambas territorio británico, son unas jurisdicciones especializadas en la constitución de trusts. También es el caso de Delaware y las islas del Caribe, que sirven de refugio al dinero «gris» procedente de Estados Unidos, al igual que Miami, que acoge en Estados Unidos a los capitales americanos que quieren escapar al fisco de sus países de origen. Singapur cumple la misma función tratando las fortunas asiáticas o europeas.
Los bancos anglosajones sólo conservan información sobre el contratante, el «trustee», la sociedad de gestión y de administración del trust, lo que en la práctica les permite obtener una opacidad total de la persona quiere escapar del fisco. Así llegan a una confidencialidad aún mayor sin secreto bancario en el sentido formal del término.
El objetivo principal de este G20 es Suiza, uno de los principales centros financieros mundiales. De hecho, se trata de una reorganización del sistema financiero internacional a su costa.
Estados Unidos y sus satélites de las islas del Caribe, así como los centros offshore bajo pabellón británico controlan cada uno de ellos un mercado del «dinero gris» casi igual al de Suiza. Tras la ofensiva estadounidense Suiza, que todavía detenta el 27% del mercado mundial del ahorro mundial administrado fuera del lugar de residencia, podría perder rápidamente terreno a manos de sus principales competidores: Reino Unido y sus islas anglonormandas, la isla de Man y Dublín que tratan el 24% de estos capitales, así como Nueva York, Miami, las islas del Caribe y Panama que detentan el 19% de los 7.300.000 millones de dólares situados fuera de las fronteras. La mitad de esta cantidad no se declararía.
Tras la amenaza de inscribir a Suiza en la lista de los paraísos fiscales de la OCDE, este país ha abierto una brecha en su secreto bancario. Va a consentir al intercambio de información, pero caso por caso en respuesta a peticiones concretas y fundadas de las administraciones fiscales de terceros países. Luxemburgo y Austria, los dos últimos miembros de la Unión Europea que desean conservar su secreto bancario, han hecho lo mismo. Sin embargo, nunca se ha planteado incluir en esta lista a Estados de Estados Unidos, como Delaware cuyas LLC (Limited Liabilities Compagnies, Compañías de Pasivos Limitados) están libres de toda forma de imposición.
Situada en el contexto de la crisis financiera, esta operación bajo la hegemonía estadounidense «de lucha contra el fraude fiscal» parece un intento por parte de los Estados de recuperar unos capitales destinados a financiar en parte las ayudas consentidas a los bancos y aseguradoras. Sin embargo, no se llama a todos los defraudadores del fisco a aportar su contribución, ya que los más acomodados siempre tendrán la posibilidad de apelar a la ingeniería fiscal para escapar a los impuestos. Esta operación de sustracción fiscal se les facilitará aún más si sitúan sus capitales en centros offshore estadounidenses o anglosajones, en territorios situados bajo el control directo de la potencia dominante.
El sociólogo belga Jean-Claude Paye es autor de El final del Estado de derecho. Editorial Hiru, Hondarribi, 2008
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